El Consistorio ha propuesto a los propietarios de las unidades de actuación 12 y 8 (otros 36.000 metros cuadrados de terreno frente a la Estación Marítima), que hasta la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) estaban calificadas como urbanas para uso residencial, trasladar sus proyectos urbanísticos a la zona de la plaza de toros y la calle Diputado José Ribas (U.A. 13) e incluso a la franja verde situada tras el primer cinturón de ronda, justo enfrente de ses Feixes. «Obviamente no tienen el mismo valor», apunta Molins.
Ni los propietarios de unos y otros terrenos están dispuestos a ceder, según Molins, que recuerda que, en el caso de la U.A. 12, el alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, firmó en 2001 ante notario la escritura de la nueva parcelación de la zona, lo que obligó a desembolsar a favor del Consistorio 100 millones de las antiguas pesetas aproximadamente. El Ayuntamiento, según cuenta Molins, archivó el proyecto de urbanización presentado después, lo que forzó a la propiedad a interponer un contencioso administrativo que aún está pendiente de resolución. También está en curso otro contencioso en contra del Consell por la declaración de la zona como Bien de Interés Cultural (BIC).
El doctor Francisco Vilàs, de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, que es uno de los propietarios de la U.A. 12, se pregunta «qué ha hecho el Ayuntamiento con el dinero». «No se nos ha planteado su devolución. Me parece muy bien que quieran hacer el parque, pero que lo paguen», subraya Vilàs. En este sentido, Molins recuerda que llevan muchos años pagando la contribución propia de un suelo urbano, y no rústico como contempla el nuevo PGOU. Por ello, Molins entiende que el Consistorio, si no es capaz de hallar una solución que no lesione los intereses de los afectados, debe acudir a la vía de la expropiación, con las correspondientes indemnizaciones. Molins calcula que, con la tasación de suelo actual, sólo los terrenos de la U.A. 12 podrían costar a las arcas municipales 3.000 millones de las antiguas pesetas, factura a la que no puede hacer frente el Ayuntamiento sin los fondos de la extinta ecotasa.