El administrador de la Asociación de propietarios de amarres del puerto deportivo Ibiza Nueva, Román Pérez, afirmó ayer que la asamblea de amarristas (compuesta por 238 personas) ha acordado por unanimidad interponer esta misma semana una querella contra el puerto deportivo por «los abusos cometidos» por este concesionario. Los afectados acusan a Ibiza Nueva de estar cobrando por los amarres desde noviembre de 2003 (fecha de la «`prórroga» de la concesión, que caducó el año pasado) cantidades equivalentes a las tarifas de transeúntes (muy superiores a las que pagaban), a pesar de que el contrato de la concesión exige mantener las mismas condiciones que antes de que expirase el contrato. La cláusula 36 del mencionado contrato ampara a los denunciantes.
Además, la asamblea de amarristas ha acordado por unanimidad exigir a Ibiza Nueva «rendición de cuentas de los últimos cinco años por vía notarial o judicial». En este apartado entrarían todos los gastos imputados a los titulares de amarres como gastos de comunidad, pagos de agua o electricidad en cinco años. «En 30 años no han dado cuenta ni han convocado asamblea alguna para aprobar el presupuesto, a pesar de que el 90 por ciento de los gastos de comunidad se han ido imputando a los titulares», señaló Román.
Los afectados, también unánimemente, acordaron interponer un recurso contencioso administrativo con la Autoritat Portuària de Balears, ya que consideran que la actuación de Ibiza Nueva «no se ajusta a los acuerdos establecidos entre Puertos y esta empresa a pesar de que la Autoritat Portuària está obligada a vigilar el cumplimiento de lo acordado».
En la asamblea también se nombraron nuevos cargos de la Junta directiva que ha quedado compuesta por Vicente Juan-Senabre, como presidente; Fernando Nieto Huete, como vicepresidente; José Mª González Sevillano, como secretario; Juan Andrés Roig Tur, como tesorero; Juan Manuel Quesada y Joaquín Vericat Nuñez, como vocales. El asesor jurídico de la asociación es Manuel Salgado.
Los amarristas denuncian que Ibiza Nueva no cobra el m de amarre al mismo precio para todos, como sí hacen otros puertos. Román Pérez asegura que el m de un amarre de 7 metros de largo por 2,6 de ancho es de 152 euros. En cambio para un amarre de 40 metros y 8,5 de ancho el m sale a 86 euros, casi la mitad. «La junta directiva está de acuerdo en que este sistema tarifario no tiene ninguna lógica», dijo.