La Autoritat Portuària señaló ayer que ha obrado con total legalidad en lo concerniente, tanto a la concesión del puerto deportivo de Ibiza Nueva, como a su fin en noviembre de 2003. «Los amarristas de Ibiza Nueva están en su derecho de interponer un contencioso administrativo contra nosotros», señalaron fuentes de la Autoritat Portuària que consideran, sin embargo, que no ha habido nada sancionable en su actuación al respecto.
De este modo contestaba ayer Puertos a la asociación de amarristas de Ibiza Nueva, que ha decidido por unanimidad interponer esta semana una querella contra la empresa que ha llevado la concesión hasta ahora y un recurso contencioso administrativo contra la Autoritat Portuària, ya que consideran que esta última no ha velado por hacer cumplir el sistema tarifario, entre otras presuntas irregularidades.
Para la Autoritat Portuària la única realidad «es que la concesión de Ibiza Nueva caducó en noviembre del año pasado y que entonces se le concedió una Autorización de Ocupación Temporal (AOT) por un máximo de un año, tiempo necesario para saber cual va a ser el futuro real de esta instalación portuaria, ya que precisamente ahora se está dilucidando el futuro del puerto de Eivissa». La concesión «ha expirado» por lo que es «lógico» que no rijan las mismas condiciones.
Antes de noviembre de este año se sacará a concurso una nueva concesión pero, hasta entonces, la Autoritat decidió dar esta autorización a Ibiza Nueva. Sobre las tarifas, el organismo asegura que éstas «son públicas» y que están revisadas y autorizadas por el organismo, por lo que no se ha cometido ninguna irregularidad.Lo que le ha pasado a algunos amarristas es que ahora deben pagar más porque, obviamente, los acuerdos de pago a los que habían llegado cuando era concesión no son los mismos ahora que no rige aquella sino una Autorización de Ocupación Temporal. «El único problema estaría en que Ibiza Nueva cobrase tarifas no autorizadas pero no consta que suceda esto», señaló la Autoritat Portuària.
El pliego de condiciones del futuro concurso incluye un apartado que asegura que se dará prioridad a los amarristas actuales, con lo que se espera velar por los derechos de personas que llevan años con sus barcos.
«Hay que tener en cuenta, además, que Ibiza Nueva está pagando un canon adicional al de la concesión para contar con la autorización temporal», matizó el organismo.