Ambas condenas, además, llevarían parejas multas que en su conjunto se elevarín a más de 113.000 euros. Sólo por el primer delito por el que responde el particular procesado se reclama el pago de 81.000 euros.
El juzgado, a instancias del ministerio público con carácter de urgencia, también ha tramitado como medida cautelar el requerimiento inmediato para que lo antes posible se elimine cualquier obstáculo que ilegalmente se haya colocado y que no deje expedita la servidumbre de tránsito a Cala Saladeta, playa a la que, tras su cerramiento unilateral presuntamente hecho por este particular, sólo era accesible por mar.
El juez también insta al Ayuntamiento de Sant Antoni a que tome medidas e intervenga para comprobar que el acusado no cumple con lo dictaminado. En este mismo apartado se anuncia que el encausado puede incurrir en un nuevo delito, el de desobediencia grave, si no actúa, todo ello bajo la supervisión y aprobación del Ayuntamiento de Sant Antoni. La investigación emprendida por la Fiscalía se inició tras la denuncia presentada por un ciudadano que informó de la imposibilidad de acceder a la playa afectada. La investigación que posteriormente se efectuó acreditó la instalación sin autorización de un vallado continuo de tela metálica con base de piedra hormigonada. En esta misma investigación, también se verificó la edificación de una pared de dos metros y medio, intercalada con una puerta de hierro con dos cadenas en otra zona de servidumbre. Ambos cerramientos hicieron que desde fuera de la finca adquirida fuera imposible llegar por tierra a Cala Saladeta.