El informe jurídico concluye que todos «los Corporativos» (consellers) «suelen ser propietarios de terrenos o viviendas, al igual que sus familiares» y que por ello, desde la óptica planteada por la oposición, «sería imposible aprobar, por ejemplo, un Plan General o unas Normas Subsidiarias». El letrado mantiene, además, que el «posible beneficio no deriva directa e inmediatamente del planeamiento sino que se materializa en su ejecución y desarrollo». Entiende que el problema denunciado sí se podría plantear en proyectos de compensación y reparcelación y, en menor medida, en los de urbanización. «En estos casos habría que analizarse caso por caso y detectar y concretar el interés patrimonial y su incidencia», dice el informe.
De esta manera, el letrado defiende que en «los instrumentos de planeamiento general [como el PTI] no existe un interés concreto patrimonial y directo detectable, sino un interés institucional que se encuentra por encima del anterior». El abogado de la institución también sostiene en su informe que las previsiones incluidas en el avance del PTI no son «arbitrarias ni discriminatorias, ni supone ningún trato de favor respecto a determinados sectores». En este sentido, el conseller de Presidència i Relacions Institucionals, José Sala, argumentó que el PTI no recalifica ningún polígono, sino que incluye «las condiciones que deben reunir todos los polígonos para poder ser recalificados». «No se discrimina a nadie», añadió. Sala subrayó que desde el primer momento tuvo muy claro que no se había cometido ningún fraude y que si no se encargó el informe jurídico antes del pleno es porque nadie del equipo de gobierno planeó sus dudas.