La Gerencia de Can Misses decidió apartar del servicio de UCI a una de sus médicos intensivistas después de que, tras abrirle un expediente, se resolviera que dicha médico cometió al menos seis faltas graves en el desempeño de sus funciones. Ello motivó que se decidiera la suspensión y empleo de esta profesional durante seis años y cuatro meses.
La afectada, por su parte, una facultativa con al menos seis años de ejercicio en este hospital, presentó días después una demanda por acoso moral en el juzgado de lo Social de la isla, lo que popularmente se conoce ya por mobbing, que está pendiente de resolución judicial. El fallo que se dé por esta causa, sin embargo, es independiente de las acciones que se hayan podido emprender por la vía de lo contencioso.
La Conselleria de Salut oficialmente guarda silencio sobre este asunto, amparándose en que esta última causa está sub iudice. Pero según la información recogida por este periódico, Can Misses abrió en septiembre de 2003 un expediente contra la médico después de que se pusieran en conocimiento de la Gerencia una retahíla de anomalías
La investigación arrojó, un año después, que la médico estaba incumpliendo con reiteración con las normas y comportamientos que se exigen a los profesionales de este Àrea de Salud. Algunas de estas actuaciones, incluso, pudieron provocar situaciones de inseguridad no sólo entre los médicos de las distintas especialidades del centro sino también en los propios pacientes que precisaban del servicio de la UCI, según se desprende del resultado final del expediente.
La investigación del hospital, como uno de los hechos más graves, dio como cierto que la intensivista tomó decisiones clínicas unilaterales sin consultarlas con el resto de los equipos médicos. Al parecer, ello conllevó la desconexión de pacientes, algunos de los cuales fallecieron.
La dirección también entendió como cierto que la facultativa incumplió reiteradamente con su jornada laboral y que no participó con rigurosidad en las actividades de formación que eran exigibles para los miembros de su unidad. Ello suponía la ausencia injustificada en cursos, reuniones y otras actividades que se idearon no sólo para completar la formación sino también para establecer los criterios de protocolos médicos. Por esto tampoco siguió las normas que se iban estableciendo para su servicio.
La relación con sus compañeros degeneró también en una actitud hostil de ella con el resto del equipo de la UCI y otros médicos del hospital. El expediente recoge, además, que este talante influyó en su comunicación con los familiares de los pacientes, sometiéndoles a un trato no correcto. En otro punto se establece como probado la negativa de la intensivista a atender a un caso de donación de órganos saltándose lo que está reglado en los protocolos.