El último Congreso Regional del PP acordó promover el reconocimiento de la ciudad de Eivissa como capital de la isla. Así consta, además, en el primer punto del programa electoral del Grupo Municipal del PP de las pasadas elecciones, que, bajo el título «Eivissa: capital de la isla», dice literalmente: «Dando cumplimiento a este compromiso [el del Congreso Regional], el PP instará al Parlament balear a dar a la ciudad el estatuto de capitalidad que le corresponde con la finalidad de ver reconocida y compensada una realidad conocida por todos: que la ciudad de Eivissa presta servicios a toda la isla sin recibir ninguna compensación, a pesar de los gastos que ello supone».
El programa, así, contrasta con la oposición del resto de los ayuntamientos gobernados del PP, que, tal como publicó este periódico, rechazan que la ciudad de Eivissa deba recibir compensación alguna por su condición de capital; y, por otra parte, las declaraciones del presidente del Consell, Pere Palau, quién aseguró el jueves que el asunto no compete a la máxima institución insular y que «nadie puede decir que sólo él [el Ayuntamiento de Eivissa] da servicio a los demás», en alusión a las prestaciones que desde otros municipios se beneficia al conjunto de ciudadanos de la isla como el vertedero de ca na Putxa, el puerto de Sant Antoni o el aeropuerto.
La posición de Palau choca frontalmente con el siguiente párrafo de este primer punto del programa electoral del PP, que dice así: «Uno de los instrumentos básicos para el reconocimiento de esta realidad [la capitalidad] es la colaboración de la administración autonómica e insular en los proyectos municipales. Por ello, los compromisos del programa electoral municipal lo son de las candidaturas insular [el Consell] y autonómica [el Govern balear]».
El presidente dijo, sin embargo, que «el Ayuntamiento de Eivissa no debe vivir del victimismo, sino de la realidad y lo que tiene cada uno», para añadir acto seguido: «Si luego nos toca el reintegro o la pedrea o un poco debemos dar las gracias». Insistió, además, en que el Consell «no margina ni discrimina» y que tampoco tiene la culpa de los males de los demás.