Los propietarios de la Unidad de Actuación 12 de ses Feixes, que comprende un área de 25.000 metros cuadrados en el vértice colindante a la rotonda de Pachá, han solicitado al Ayuntamiento licencia de obra, al amparo del levantamiento de la moratoria, para desarrollar su proyecto de urbanización. Como el Ayuntamiento aún no ha aprobado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el proyecto de urbanización se basa en los criterios que marca el PGOU del 87, que permite una edificabilidad del 65 por ciento de aprovechamiento y edificios de planta baja, seis alturas y planta torreón.
Esta unidad de actuación ya ha completado todos los trámites previos a la solicitud de licencia, incluido el pago de 60 millones de pesetas por el aprovechamiento medio de los terrenos, ratificado ante notario por el alcalde Xico Tarrés.
Al parecer, el acuerdo entre los propietarios y el Ayuntamiento aún sigue abierto y, por ello, este colectivo, una vez levantada la suspensión de licencia, ha optado por pedir permiso de obra para urbanizar su parte de los terrenos de ses Feixes. El Consistorio dispone de un plazo de dos meses para contestar a esta petición.
El avance del PGOU califica estos terrenos como rústicos por el BIC que aprobó el anterior gobierno insular del Pacte al final de la pasada legislatura. Los propietarios consultados por este periódico mantienen, no obstante, que aún siguen pagando la contribución de un suelo urbano.
De todos modos, el Consistorio ya ha avanzado su intención de recalificar toda la zona como urbana (también el sector 6 desclasificado por las DOT de Matas) para distribuir en el perímetro los derechos urbanísticos de los propietarios y dejar en el centro una extensa área de más de 100.000 metros cuadrados donde se ubicará un gran parque. El Ayuntamiento también ha reconocido públicamente su intención de modificar los límites del BIC, sobre el que, además, actualmente pesan seis procesos judiciales por la vía administrativa.
Este grupo de propietarios, según ha podido saber este periódico, ya pidió licencia de obra antes de que se aprobara la moratoria, pero el Ayuntamiento no contestó. Ante el silencio de la administración municipal, la solicitud de permiso de obra pasó a la Comisión Insular de Urbanismo (CIU), que archivó la petición, lo que motivó que los afectados interpusieran un contencioso administrativo.