El grupo Progressista del Consell Insular denuncia que el «peaje a la sombra», que se aplicará para construir las nuevas carreteras de Eivissa, «es un fraude a la ley de contratos de las administraciones públicas». Además, indican que es una forma de «hipotecar y arruinar el futuro de las islas para los próximos 25 o 30 años». La formación política asegura que la financiación a través del «peaje a la sombra» no se corresponde con la ley de contratos de las administraciones públicas, donde se señala la prohibición del pago aplazado del precio de los contratos, salvo que un texto normativa lo autorice expresamente. Asimismo, el grupo progresista señala que los pagos «se pueden realizar sólo durante el plazo de ejecución de las obras», como indica el artículo 14 de dicha ley en el que se fija que la financiación de los contratos se ajustará al ritmo requerido en la ejecución de la prestación.
En el mismo artículo también se expresa que el límite máximo para el pago es de cuatro años a partir de la adjudicación del contrato, salvo que se acuerde otro límite mayor cuando así sea autorizado por el Consejo de Ministros. De esta forma, el plazo en que se pretende pagar las obras «con los fuertes intereses que esto supone, es de 25 o 30 años y no 4 como establece la ley, además de no contar con la aprobación del Consejo de Ministros», señala la formación política. El Pacte califica el «peaje a la sombra» como una «fórmula oscura que el Govern y el Consell subvencionará con el dinero de los ciudadanos». Asimismo, la formación política señala que en todo caso el negocio será para la empresa adjudicataria y recalcan que en el caso de las autovias o autopistas en las que se paga peaje «sólo lo pagan los usuarios que quieran utilizar la carretera, pero en este caso la tendremos que pagar todos, queramos o no».
El Pacte calcula que un kilómetro en la carretera del aeropuerto costará 4.600 millones de pesetas (ya que el presupuesto final asciende a 221 millones de euros), mientras que el kilómetro en la carretera de Sant Antoni asciende hasta los 3.200 millones de pesetas, «sin contar la carretera de Sant Rafel a Sant Gertrudis».