El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha fallado a favor del Ayuntamiento de Eivissa en el caso denunciado por el Partido Popular hace cuatro años sobre la adjudicación fraudulenta del servicio de zonas azules a la empresa Saba. La sentencia, sobre la que cabe recurso de casación en un plazo de diez días, no será recurrida, según informó la portavoz municipal del PP, Virtudes Marí.
El grupo municipal popular denunció en 2000 el proceso de adjudicación de la gestión del servicio de estacionamiento de pago por considerar que la oferta de la empresa catalana Saba no era la más económica ni la mejor de las que se presentaron al concurso para la gestión de la llamada zona ORA. El primer teniente de alcalde de Eivissa, Pedro Campillo, mostró ayer su satisfacción en rueda de prensa ante la resolución judicial, que , según dijo, viene a demostrar que «el tiempo pone a cada uno en su sitio» y que «lo que decíamos hace cuatro años en respuesta a las denuncias de la oposición era coherente».
Campillo hizo una lectura política de esta resolución judicial y arremetió contra el Partido Popular sobre el que dijo que «va mal con esta política calumniosa que vierte la imagen de que la actividad política es algo innoble». El portavoz municipal retó a la concejala popular a que aclare «por qué tuvo en su día interés por demostrar que había otra oferta mejor que la de Saba, cuando ninguno de los dos informes periciales realizados lo indicaba» y exigió al PP disculpas públicas «porque es sano», después de tanta «alarma social» como generó a lo largo de 2000.
Campillo mostró a la prensa todo el dossier de noticias publicadas entonces. El teniente de alcalde recordó ayer que, en esa época, los denunciantes del PP se erigieron en el «Tribunal Constitucional» al decir que el informe jurídico encargado por el Consistorio era un «bodrio».
El grupo municipal del PP de Eivissa también considera, curiosamente, que el fallo judicial del TSJB, contrario a su denuncia, dé la razón al Ayuntamiento, lo que supone que éste «tramitó correctamente el expediente». De esta manera, dice la portavoz del PP, Virtudes Marí, «el interés general queda garantizado». Afirmó , en un comunicado, que en su día el PP impugnó la concesión del parking de pago ante los tribunales porque «presentaba diversas dudas». Marí recuerda que l los tribunales no condenan en costas al PP, por lo cual queda patente que en ningún caso tuvo una «actitud temeraria».