R.L.
El Grup Progressista del Consell ha presentado cinco alegaciones
contra el estudio de viabilidad económica-financiera que la
Conselleria balear d'Obres Públiques, Habitatge i Transports ha
realizado para la concesión de los trabajos del nuevo acceso al
aeropuerto de Eivissa. El Pacte reclama que se deje sin efecto este
documento y que se «reinicie de nuevo toda la tramitación como
marca la ley» porque el estudio tiene errores de
forma.
En la primera alegación pone de manifiesto que el texto expuesto en el Consell «son unas fotocopias sin ningún sello ni firma de un responsable técnico o político de la Conselleria d'Obres Públiques», lo que supone, según afirma, «un defecto formal insubsanable porque nadie ha podido dar fe de que éste era el documento real del estudio de viabilidad económica», que, además, añade, «ni tan solo tiene fecha». «Podría ser un texto tipo bajado de internet o redactado por cualquier particular», insiste para explicar de que «no existe ninguna garantía de que sea un documento oficial». Este es el motivo principal que esgrime el Pacte para solicitar al Govern que «inicie de nuevo la información pública del estudio de viabilidad económica con todas las garantías».
Por otra parte, los progresistas explican que el documento de la máxima institución balear incumple la ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas al no haber hecho el estudio de viabilidad antes de tomar la decisión de construir y explotar en régimen de concesión la autovía sino al contrario, «ya que -recuerdan- el proyecto ya ha estado a exposición pública, se han presentado alegaciones por parte de los particulares afectados y las administraciones locales, y se ha publicado la lista de expropiados». Asimismo, señalan que no se aporta el estudio de impacto ambiental, no se justifica la solución escogida para este proyecto y no se incluye «un análisis de los riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra», como exige esta normativa.
El documento también incumple el artículo 227 de esta ley porque no aporta un estudio de viabilidad completo, ya que sólo pone a información pública una parte, la económico-financiera. Asimismo, deja claro que el Govern no puede justificar este hecho amparándose en «el artículo 227.6» porque, entre otras cosas, este apartado se aplica sólo a proyectos más pequeños y de menor presupuesto.