El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Eivissa ya ha ordenado la apertura de juicio oral. Al parecer, el acusado, sin antecedentes penales y con la finalidad de plantar árboles, fue vertiendo en el cauce del torrente tierra y rocas procedentes de las obras de construcción, en la misma zona, de una piscina y terraza ilegales, promovidas por otra persona. El material depositado en el lecho aumentó el volumen de anteriores vertidos efectuados en el mismo lugar desde 1997, ocupando, así, parte de la zona de dominio público hidráulico.
Los hechos se remontan a enero de 2000 a raíz de una denuncia presentada por el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) ante el Consell Insular. El anterior gobierno insular del Pacte trasladó la denuncia a la Fiscalía, que, al detectar indicios de delito contra el medio ambiente, incoó diligencias.
El vertido de material procedente de las obras de la piscina y de otras extracciones supone, según argumenta el fiscal, una alteración total de las condiciones de rasante del cauce y una sobreelevación de la cota topográfica del nuevo lecho sobre la situada inmediatamente aguas abajo. Eso, aparte del consecuente peligro de desbordamiento del torrente, provoca también una muy alta alteración de la geomorfología, junto con una modificación grave de la hidrogeología general y una afectación indirecta sobre la biodiversidad (las comunidades vegetales y la fauna de la zona).