El fiscal Manuel Campoy redujo la pena solicitada para J.R.A., acusado de cerrar con vallas y cadenas el paso de acceso a Cala Saladeta, a una multa de seis meses a razón de 180 euros diarios por un delito de usurpación y por no poder comprobar el delito de contra la ordenación del territorio.
A lo largo de más de tres horas, 13 personas declararon ante el juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa contra el propietario de la finca Es Torrent de sa Perdiu, situada en la zona de Cala Saladeta. En este sentido, la Fiscalía solicitaba un año y seis meses de prisión por apoderarse supuestamente de parte del dominio público marítimo terrestre, impidiendo así el acceso a la playa mediante la colocación de vallas y la prolongación de un muro de la finca. Ante la imposibilidad de demostrar la existencia de un expediente sancionador por una posible infracción urbanística en el municipio de Sant Antoni, el fiscal se vio obligado a retirar la petición de la pena por un posible delito de la ordenación del territorio y solicitó la multa por algo más de 30.000 euros. De esta forma, el fiscal mantuvo el delito de usurpación ya que la finca se encuentra en una zona ANEI con lo que la ley impide la construcción de cerramientos, así como la invasión de la zona de servidumbre de tránsito. Además, la finca se encuentra en suelo no urbanizable que es regido por el plan General de Ordenación Urbana del municipio de Sant Antoni.