El Consell acordó ayer por unanimidad la retirada progresiva de las llamadas barreras 'guillotina' de las carreteras de la red viaria de las Pitiüses. La oposición presentó una moción que fue aprobada con el apoyo del equipo de gobierno tras negociar unas pequeñas modificaciones del texto original. Finalmente, el Consell acordó la progresiva eliminación de las barreras, «habilitando para ello una partida económica del remanente del presupuesto del año pasado».
También se aprobó por unanimidad instar al Ministerio de Fomento y al Govern balear a que acuerden una modificación del proyecto de ampliación de la carretera de Sant Josep para la sustitución de las barreras instaladas, que se conocen popularmente con el nombre de guillotina por el peligro que supone para los motoristas accidentados. Son muchos los casos de motoristas que han perdido un miembro al impactar contra estos guardarraíles.
De todos modos, la consellera insular de Carreteras, Stella Matutes, defendió ayer en el pleno que, en contra de lo que mantiene la oposición, las barreras 'guillotina' no son «ilegales». Sacó a relucir un informe jurídico en el que los técnicos de la institución concluyen que los guardarraíles instalados son «válidos».
La oposición sostiene su demanda en una orden ministerial de 2001 que recomienda que no se instalen barrreras de tipo guillotina en carreteras de calzada única, como el caso de la vía de Sant Josep. Sin embargo, Matutes aseguró que esta orden ministerial no tiene rango de ley y que sólo es de obligado cumplimiento para las carreteras estatales. Pese a ello, la consellera expresó «la voluntad» del equipo de gobierno por ir eliminando este tipo de barreras o, en su lugar, instalar protectores de espuma, lo cual, según dijo, es «menos costoso» y, por tanto, «más eficiente».
La consellera indicó que la sustitución de las vallas de toda la red viaria de las Pitiüses tiene un coste de tres millones de euros, lo cual es excesivamente gravoso para la institución si se tiene en cuenta que el presupuesto anual del departamento de carreteras asciende a sólo cuatro millones de euros. «No podemos comprometer todo el dinero en barreras», puntualizó Matutes. La portavoz del Pacte, Pilar Costa, criticó las palabras de Matutes, recordándole que el equipo de gobierno sí está en cambio dispuesto a invertir 70 millones de euros en la ampliación de la carretera de Sant Antoni. «La seguridad les da igual. Les parece bien tirar el dinero, pero las autovías y autopistas sí les gustan», indicó, lo cual, obviamente, tampoco agradó nada a la consellera, que reiteró «la voluntad» del Consell de sustituir o modificar las barreras actuales, recordándole que el nuevo gobierno del PP, a diferencia del Pacte, no ha instalado ni una sola barrera de tipo guillotina.
Por otra parte, el conseller del Pacte Joan Boned presentó una interpelación sobre el estado del proyecto de ampliación de la carretera de Sant Antoni en la que criticó una vez más la amplitud de la calzada, los pasos superiores, la variante de Can Tomàs y el túnel de Sant Rafel.