La asociación ecologista de Eivissa GEN y el GOB de Formentera valoraron ayer negativamente el proyecto de Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO) elaborado por el Govern porque, a su juicio, rebaja la protección de los espacios naturales y criticó que el texto considera la protección como un «mal necesario».
«La protección y conservación se interpreta como un castigo inevitable, impuesto por una parte de la ciudadanía y por instituciones supraautonómicas, un daño a la propiedad privada que debe compensarse de alguna manera», señaló el GOB. En un comunicado que recoge los puntos que ha trasladado a los grupos políticos para que puedan incorporarlos a sus enmiendas de modificación de la Ley, el grupo ecologista lamentó que el texto rebaja el marco actual de protección, permite la edificación en terrenos protegidos y encubre el fraude fiscal en la compra venta de fincas.
Según GEN y GOB, la LECO deroga también el parque y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cala d'Hort, manteniendo vigentes únicamente las reservas naturales de los islotes. Además, prevé la elaboración de un nuevo plan, limitado básicamente a los terrenos donde no se puede edificar, es decir, «la franja de protección marítima y poco más», señala el comunicado. Por último, la LECO permite que los propietarios de fincas protegidas no se sometan al derecho de tanteo y retracto, que otorga a la Administración un derecho de compra preferente. En su opinión, aunque consideran adecuado la vía de la negociación para la adquisición pública de terrenos, esta previsión tiene como «único objetivo» evitar el control fiscal de la Administración sobre las transacciones inmobiliarias, «permitiendo el fraude fiscal en la venta de fincas situadas dentro de espacios protegidos». Los ecologistas lamentaron que sólo dos de los ocho principios que inspiran la ley tengan como objetivo la preservación de los valores naturales, y muestre más preocupación por los derechos de los propietarios que por los de la ciudadanía. Entre las novedades del texto, cita un consejo asesor de espacios naturales, la creación de nuevas figuras de protección, como el paraje natural y las áreas de interés científico, y la regulación de los derechos de tanteo y retracto.