J. J.SERRA/ E. RODRÍGUEZ
El conseller de Medi Ambient, Jaume Font, ha aceptado una de las
tres opciones de financiación ofrecidas por el Ministerio de Medio
Ambiente (MMA) para las cuatro desaladoras previstas para Balears
(Santa Eulària, Ciutadella, Alcúdia, y Andratx).
En una carta enviada ayer mismo al secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del MMA, Antonio Serrano, el conseller acepta concretamente 37 millones de euros de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea a repartir entre las cuatro desaladoras. El presupuesto de construcción de las cuatro desaladoras es de 81 millones de euros, por lo que los fondos de cohesión cubrirán, si se consiguen, el 45 por ciento, cuando lo previsto inicialmente era el 75 por ciento. El resto se cubrirá con tarifa.
Por otra parte, en la misiva remitida a Antonio Serrano, el conseller ofrece el compromiso del Govern (a través del Institut Balear de l'Aigua i l'Energia, que se reconvertirá en la Agència Balear de l'Aigua) de comprar el agua producida por las cuatro desaladoras. Asimismo, el Ejecutivo autonómico asumirá los costes fijos de funcionamiento de estas instalaciones si el volumen de agua producido no alcanza el previsto para cada una de ellas: Alcúdia, 14.000 metros cúbicos diarios; Santa Eulària, 15.000; Ciutadella, 10.000; y Andratx, 14.000.
De igual manera, Jaume Font expresa en la carta su preocupación por las «dudas» manifestadas por el Ministerio de Medio Ambiente en relación a la obtención de fondos europeos. El conseller señala, textualmente, que «si el Ministerio no obtuviera los fondos de cohesión, el convenio debe garantizar que en ningún caso las tarifas sufran aumento alguno, bien por un aumento en el plazo de la concesión o bien por cualquier otro mecanismo».
El acuerdo sobre las desaladoras, si llega a concretarse y firmarse, dejará fuera, como señala la carta, la financiación de arterias hidráulicas en Eivissa, Formentera y Mallorca (s'Extremera-Consell) por un total de 25 millones de euros. Su construcción quedaría para más adelante, sujeta a una negociación durante los próximos meses. En principio, la inversión en estas arterias se repartiría al 50 por ciento entre ambas Administraciones.