Los servicios jurídicos del Consell reconocen que el Plan Territorial Insular (PTI) no puede obligar a los ayuntamientos de la isla a que reserven un 15 por ciento del suelo residencial de los municipios a la construcción exclusiva de viviendas de protección oficial, tal como recogía la versión inicial del documento y presentó el equipo de gobierno como una de las medidas más significativas.
El informe jurídico de las alegaciones presentadas al Plan Territorial apunta que «falta legislación urbanística en Balears para habilitar esta previsión». «El PTI no puede imponer tal reserva con carácter obligatorio», dice el informe. Por ello, la versión definitiva del PTI determina en su norma 39 que la reserva del 15 por ciento de la superficie neta de suelo residencial para viviendas sociales se llevará a cabo «previa modificación legal que lo permita».
Así, esta norma se incluye en el paquete de determinaciones del PTI que no podrán desarrollarse hasta que se reformen algunas leyes. Precisamente, el Consell dio el visto bueno en el último pleno, con el voto en contra del Pacte, a una propuesta de ley con medidas urbanísticas específicas para las Pitiüses para que se apruebe en el Parlament y que supondrá la modificación de 10 leyes y decretos con el objeto de que se pueda desarrollar plenamente el cuerpo normativo del PTI. Pero no será así puesto que esta propuesta de ley no prevé ninguna modificación de la normativa actual para que los ayuntamientos tengan la obligación de reservar el 15 por ciento del suelo residencial a viviendas sociales.