Ante el anuncio de que hoy la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni tratará la petición de Michel Cretu de legalizar su mansión en Santa Agnès, ENE y el GEN instaron ayer al ejecutivo local a que «cumpla la ley» y que no «legalice una actuación ilegal que cuenta con una sentencia firme de demolición». Los nacionalistas insistieron en que la construcción de Cretu «es un ejemplo paradigmático de actuación irregular y ciega de un equipo de gobierno que concedió una licencia edificatoria donde no podía» y añadió que «ahora lo que toca es celebrar que la justicia haya actuado a favor de las denuncia de las infracciones contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente». Asimismo, ENE pidió que «no sean los erarios municipales e insulares los que paguen las posibles indemnizaciones sino que lo hagan de su bolsillo» todos «los políticos y técnicos que se posicionaron en su momento a favor de conceder esta licencia».
Por su parte, los ecologistas aseguraron en un comunicado que «no dudan que los informes que ha encargado el Ayuntamiento serán favorables a pesar del evidente cúmulo de ilegalidades». Asimismo, advirtieron de que si el Consistorio «opta por reincidir y acordar la concesión de una nueva licencia, el GEN, a parte de las acciones administrativas pertinentes, estudiará denunciar los hechos ante la fiscalía anticorrupción de las Illes Balears».