En concreto, a petición del Fiscal de Medio Ambiente de Eivissa, Manuel Campoy, tras estudiar la denuncia presentada por el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN), el juez ha imputado por un supuesto delito contra la ordenación del territorio al alcalde, al actual concejal de Obras e Infraestructuras, José Torres Cardona, y a los ex ediles José Marí Prats, José Ribas Marí, Vicente Portas y Francisco Bonet. Se trata de la primera vez que un juez imputa al alcalde en una causa penal.
Los hechos se remontan a 1984 cuando se presentó ante el Ayuntamiento una solicitud de licencia para la construcción de tres viviendas unifamiliares en el Puig d'en Serra. Posteriormente, en julio de 1991, se solicitó licencia de modificación de una de las viviendas unifamiliares, que fue concedida en mayo de 1992. Esta vivienda es propiedad de la entidad Goettinger Vertriebsgesellschaft Luxemburg S.A.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Palma condenó en septiembre del año pasado al Ayuntamiento a demoler esta construcción, de 330 metros cuadrados, tras constatar que la concesión de la licencia de obra era constititutiva de una infracción urbanística grave. Por ello, el juez también ordenó al Consistorio la tramitación de los correspondientes expedientes de sanción contra los responsables del otorgamiento del permiso de obra, que son los que ahora están imputados.