El alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, y los miembros de la comisión de gobierno en 1992 se negaron ayer a declarar ante el juez por un presunto delito contra la ordenación del territorio al conceder una licencia para la construcción de una mansión en lo alto de una cima en Puig d'en Serra, en es Cubells, en contra de un informe jurídico elaborado por el propio Consistorio.
El juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, imputó a los responsables de la autorización de la obra en 1992 a petición de la Fiscalía como consecuencia de una denuncia presentada por el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN).
Serra Escandell y los concejales imputados (el actual edil de Obras e Infraestructuras, José Torres Cardona, y los ex concejales José Ribas Marí, José Marí Prats, Vicente Portas y Francisco Bonet) se negaron también a hacer declaraciones a los medios de comunicación a la salida del Juzgado tras negarse a declarar ante el juez. Eduard Valdivia, abogado del alcalde y de cuatro de los concejales imputados, explicó que sus representados se negaron a declarar, amparándose en un derecho constitucional, «porque no existe delito urbanístico». El letrado aseguró que la semana que viene remitirá a los Juzgados un escrito en el que solicitará el archivo de la causa.