El urbanismo se convirtió ayer en protagonista de un intenso debate en el pleno del Consell que abrió el Grup Progressista con una interpelación en la que echó en cara al ejecutivo insular su «indisciplina urbanística». El conseller del Pacte Joan Boned sacó a relucir el panorama «caótico» que «reconoce el propio Plan Territorial Insular» y recriminó al PP que responda a esta situación «tapando las irregularidades cometidas por los ayuntamientos» y «legalizando todo aquello que sus antecesores como responsables políticos permitieron que se hiciera ilegalmente» a través del «propio PTI y con tramitaciones como la modificación legislativa que está presentada en el Parlament». Boned hizo mención expresa al caso Cretu y a las normas subsidiarias de Santa Eulària, sin pasar por alto los alcaldes y el conseller del PP que en estos momentos están imputados o denunciados por alguna irregularidad urbanística. El conseller recordó también que el PP todavía no ha cumplido su promesa de «reforzar el departamento de disciplina urbanística».
En respuesta a las acusaciones del Pacte el conseller de Turismo, Urbanismo y Ordenación del Territorio, José Torres, negó que exista esta «permisividad» por parte del equipo de gobierno insular y destacó el «nivel de colaboración tan fluido» que mantienen en la actualidad el Consell y las administraciones municipales en materia urbanística en comparación a la pasada legislatura en la que el Pacte estaba al frente de la institución insular. En este sentido destacó que las sanciones por infracciones urbanísticas se han incrementado ostensiblemente. Asimismo, subrayó que el «primer paso que se ha dado es el PTI y el siguiente será modificar el planeamiento urbanístico de todos los ayuntamientos», acciones que, según Torres, demuestran que sí existe un «control urbanístico» en las Pitiüses.