El Ayuntamiento de Eivissa ha remitido una carta a la Conselleria d'Educació en la que dice textualmente que «no se dan las condiciones necesarias para poder firmar el convenio con la Conselleria d'Educació del Govern», lo que supone una paralización temporal de las actuaciones previstas en el proyecto 'Eivissa Centre' y afecta no sólo al traslado del colegio Sa Graduada, sino también al de Sa Bodega, la nueva Escuela de Adultos, los juzgados, la Dirección Insular y el auditorio. «Por lealtad institucional, creemos que firmar este convenio supone que quizás no podríamos cumplir nuestro compromiso», dijo ayer el concejal de Promoción Educativa, Santiago Pizarro.
El Consistorio toma esta decisión ante «la clara intención del Consell de proteger el edificio de Sa Graduada», lo que supondría un cambio en el proyecto 'Eivissa Centre' con el que «se intentaba resolver unos problemas en una ciudad con escaso territorio», añadió Lurdes Costa, portavoz municipal. El Ayuntamiento estaba dispuesto incluso a construir un colegio gratis con los beneficios del proyecto Eivissa Centre pero con la posible protección del colegio «se cae la operación», dijo Pizarro. «Ante la situación de incertidumbre no sabemos si podemos cumplir este compromiso. Todas las administraciones que hemos participado sacábamos un beneficio y se resolvían problemas históricos. Es un encaje de bolillos urbanístico y financiero en el que si se quita una pata se desmorona».
Pizarro recordó que en las negociaciones nunca hubo ningún problema con las administraciones implicadas, tanto del PP como del PSOE, y «la única que está dificultando y puede hacer que esto no llegue a efecto es una que no tiene competencias», comentó Pizarro acerca del Consell. Recordó que desde hace seis meses están pendientes de una modificación puntual del PGOU, «que no pasa por la CIOTUPHA de ninguna manera. Nos ponen obstáculos y dificultades y no nos dejan hacer absolutamente nada».
Lurdes Costa cuestionó la protección de Sa Graduada frente a otros monumentos y recordó que el conseller de Patrimoni «no inició expedientes BIC cuando era conseller de Cultura». Costa aseguró también que hay otros padres de Sa Graduada que no se sienten representados por la directiva del APA, pero no tienen tanta facilidad para expresarse». La APA es el colectivo que pidió la protección del colegio para salvarlo de la demolición.