Balears busca el apoyo de Cataluña, Valencia, Canarias y Andalucía y el resto de autonomías donde el impacto del turismo residencial tiene un efecto directo sobre la oferta de alojamiento turística reglada, con el fin de propiciar a nivel nacional un cambio legislativo de algunos artículos específicos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y conseguir regular y delimitar en todos sus aspectos el arrendamiento urbano del turístico en las viviendas. El conseller de Turisme, Joan Flaquer, puntualiza que el Ejecutivo autonómico ha solicitado la intervención de la Comisión Balear de Derecho Civil y solicitado un dictámen jurídico a la UIB, «para ver qué posibilidades reales existen para regular el turismo residencial en todas sus concepciones y qué competencias autonómicas hay en esta materia. Esperamos que en septiembre u octubre podamos tener el dictámen jurídico, con el que podremos determinar la estrategia a seguir para buscar apoyos y solicitar de forma oficial a la Administración central el cambio normativo de la LAU».
La Conselleria de Turisme pretende, ante la complejidad a la hora de poder controlar el uso de las viviendas vacacionales, disponer de una herramienta legal que cubra el actual vacío legislativo existente, «que es el que impide que haya una normativa clara con la que se pueda controlar y atajar de raíz el actual problema que se vive en las zonas turísticas, como es el alquiler de viviendas para uso turístico sin cumplir la normativa vigente. El director general de Ordenació, Josep Aloy, indica que propondrá en breve a las autonomías afectadas esta propuesta, «porque el objeto del cambio de reglamentación en la LAU es tener delimitado todo lo que respecta a los arrendamientos urbanos vía alquileres, pero que también se regule el uso turístico, puesto que cuando una vivienda se comercializa a través de un intermediario, tiene una rotación de temporalidad en su uso y ofrece servicios, está claro que ya no es un simple arrendamiento urbano y sí una actividad puramente turística. Esta actividad es la que conlleva a error y generar un fraude turístico y fiscal».La Conselleria afirma que si se produce este cambio en la LAU, «permitirá aflorar toda la oferta residencial turística, que tendrá que inscribirse en un registro para su control y delimitación, con el fin de que los usuarios de este segmento vacacional puedan tener los mismos derechos de los que disfrutan los turistas en el resto de la oferta de alojamiento turística. Ahora, no se pueden garantizar ni averiguar si cumplen la normativa vigente». Al poder regular esta actividad desde el punto de vista turística, quedará solventado un vacío legal que propia el fraude fiscal y turístico en Balears y resto de destinos vacacionales de nuestro país. El Govern busca el máximo consenso autonómico.