El Plan Territorial Insular (PTI), que entró en vigor el pasado 1 de abril, contempla como «medida puntual» la mejora de los accesos a la cantera es Canal de Can Capità desde la carretera de Sant Antoni, evitando «el tráfico de paso por las zonas consolidadas». La otra «medida puntual» sobre la red viaria de la isla de Eivissa incluida en el PTI, al margen de las «actuaciones básicas», consiste en el estudio de la posibilidad de crear un nuevo acceso al aeropuerto desde la carretera de Sant Josep (PM-803). El PTI, no obstante, no especifica cómo se debe mejorar el acceso a esta cantera. La solución tampoco aparece en los planos de la normativa territorial.
Se da la circunstancia de que la cantera de Can Capità funciona sin licencia desde hace 40 años y que los vecinos de la zona llevan muchos años denunciando las molestias que ocasiona esta actividad, en especial el tráfico de camiones. La Fiscalía abrió recientemente una investigación al constatar la posible existencia de un delito contra el medio ambiente e incluso pidió la declaración del alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, como imputado. El juez citó a Tarrés a declarar aunque éste aún no ha pasado por los Juzgados.
Los vecinos calculan que en un día pueden pasar más de un centenar de camiones. Para evaluar las molestias que ocasiona el ruido de los camiones, los vecinos encargaron hace ya dos años a un ingeniero técnico industrial la realización de una medición y un informe de sonometría, que constató un nivel sonoro que, según el informe, puede producir «daños funcionales en el sistema auditivo».
La cantera se encuentra en el término municipal de Eivissa, pero las viviendas de la zona y parte del camino de acceso forman parte de Santa Eulària. Este Consistorio manejaba la idea de ampliar el camino, pero esta solución no gustaba a los vecinos puesto que no solucionaría el problema. La alternativa que más agrada es la de abrir una vía de salida para evitar que los camiones regresen por el camino de ida. Esta vía de salida afectaría al término de Sant Antoni, y eso obligaría a cerrar un acuerdo entre los tres ayuntamientos.