El nuevo dibujo del humedal cambiará sustancialmente respecto a la versión actual del PGOU, aprobado inicialmente en diciembre del año pasado, que califica como suelo urbano todo el BIC (ver imagen) con el objeto de trasladar los derechos urbanísticos del humedal al perímetro y dejar un amplio espacio de más de 100.000 metros cuadrados en el centro para un parque. Esta decisión creó a principios de este año una profunda crisis en el Pacte que provocó la dimisión de la consellera Fanny Tur y la salida de la fuerza econacionalista ENE de la coalición progresista. Además, la mayoría de los propietarios de los terrenos se oponen frontalmente a este desarrollo de la zona.
El informe jurídico realizado recientemente por el departamento de Derecho Administrativo de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que reduce considerablemente el posible pago de indemnizaciones a la propiedad, avala el cambio de postura del Ayuntamiento. Este documento, además, apunta que el Consell Insular, que es la institución que aprobó la figura de protección de ses Feixes, deberá asumir parte del coste de las indemnizaciones. El Consistorio quiere llevar a pleno a finales de septiembre la aprobación provisional del Plan General. De allí, el documento urbanístico pasará al Consell para que éste le dé el visto bueno antes de proceder a su aprobación definitiva. El alcalde de Eivissa se reunió este verano con el presidente del Consell, Pere Palau, para negociar, entre otras cosas, parte del contenido del planeamiento.
Por su parte, el Consell se niega a modificar los límites del BIC, tal como reclaman los propietarios de los terrenos, e insiste en que esta figura de protección no impide la urbanización de la zona, siempre y cuando ésta no afecte a los valores patrimoniales incluidos en la declaración y así lo determine el Plan Especial de Protección, pendiente aún de aprobación.
La voluntad del Ayuntamiento, según las mismas fuentes consultadas por este periódico, es «respetar» el BIC y declararlo rústico para garantizar su protección. Precisamente, el avance del PGOU ya clasificaba como rústico todo esta parte del humedal al amparo del BIC aprobado al final de la pasada legislatura. El Ayuntamiento confiaba entonces en hacer uso de los fondos de la ecotasa para mantener la zona inedificable, pero tras su derogación cambió de planes.