El Consell Insular ha rechazado el recurso de alzada presentado por los propietarios de la Unidad de Actuación 12 (UA-12) contra el acuerdo de la Comisión Insular de Patrimonio de 16 de marzo en el que se desestimaba la petición de subrogación de competencias para resolver la aprobación del proyecto de urbanización de esta parte del humedal. Estos propietarios solicitaron en octubre en el Ayuntamiento licencia de obra para urbanizar sus terrenos al amparo del levantamiento de la moratoria municipal y antes de que se llevará a cabo por segunda vez la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Los propietarios acudieron al Consell al entender que se había agotado el plazo que dispone el Ayuntamiento para resolver el trámite administrativo solicitado. El Consell maneja ahora los mismos argumentos que utilizó la Comisión Insular de Patrimonio para desestimar la petición de subrogación de competencias. Por un lado, la institución sostiene que la propiedad no agotó el plazo de tres meses previsto por la ley y, por otra parte, afirma que el proyecto de urbanización contempla «la implantación de alineaciones nuevas con la creación de una red viaria».
Precisamente, el Consell defiende que hasta que no esté aprobado el Plan Especial que debe ordenar la zona declarada BIC, la Comisión Insular de Patrimonio tiene potestad para autorizar la ejecución de obras, siempre y cuando «no supongan alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones», tal como contempla la Llei de Patrimoni balear.
Asimismo, el recurso presentado por este colectivo de propietarios también alega que la declaración BIC «no se ajusta a derecho», algo sobre lo que el Consell evita pronunciarse porque se encuentra «sub judice» y no tiene nada que ver con la cuestión planteada. Estos propietarios entienden, según su recurso, que el gobierno insular del PP «participa en las mismas responsabilidades que aquellos que en su día acordaron el BIC de manera totalmente injusta y arbitraria».