La Conselleria balear d'Obres Públiques cita ya a los aproximadamente 200 propietarios de los terrenos afectados por la ampliación de la carretera de Sant Antoni para la firma de las actas de ocupación. Las primeras convocatorias se han fijado para el próximo día 27. El proceso se prolongará hasta el 10 de octubre, según publicaba ayer el Boletín Oficial de les Illes Balears (Boib).
La Plataforma Antiautopista celebra que la administración vuelva a convocar a los afectados en sus fincas en lugar del Ayuntamiento o las oficinas de la Conselleria, tal y como se hizo inicialmente en el caso de los afectados de la autovía del aeropuerto y que obligó a repetir el proceso hasta tres veces en cumplimiento de lo que marca la ley.
Los antiautopista confían en que la Conselleria también cite por carta a cada uno de los afectados con ocho días de antelación. Por ello, la Plataforma ha convocado el lunes una asamblea extraordinaria para informar a todos las personas de las obligaciones que debe cumplir la administración. La Plataforma también contratará los servicios de un notario para que levante acta de las firmas de ocupación de «los casos más críticos», según explicó ayer a este periódico el portavoz de la Plataforma, Juanjo Cardona. También se organizarán equipos de trabajo para respaldar a los propietarios en el momento de la firma, que, recuerda Cardona, debe contar con «la presencia del alcalde del municipio o un concejal en el que él delegue».
Las obras, que tienen un presupuesto de 70,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses, se financiarán bajo el sistema de peaje en la sombra. La UTE formada por FCC y Enrique Ortiz e Hijos son adjudicatarios de la concesión de la carretera, que está valorada en 260 millones de por un periodo de 25 años. En esta previsión económica se incluyen los gastos de mantenimiento de la carretera durante los 25 años.