LL.L.
Un informe lingüístico del Consejo de Europa ha sugerido que el
Govern de les Illes Balears implante otro «modelo escolar» y
apueste por extender, «de manera sistemática», la «inmersión total»
en el catalán como lengua cooficial de nuestra comunidad. Esta
recomendación se extiende al País Valencià y Galicia, pero no a
Catalunya, que recibe la enhorabuena por su «excelente sistema
educativo».
El informe ha sido realizado por un comité de expertos independientes, el cual ha sido el primero que ha evaluado la aplicación de la Carta del Consejo de Europa para la Protección de las Lenguas Regionales y Minoritarias, en vigor desde 2001.
El documento fue aprobado el pasado miércoles por el Comité de Ministros (representantes de los gobiernos de los países miembros) del Consejo de Europa, después de que el comité de expertos visitara el Estado español el año pasado para conocer la situación de las diferentes lenguas. Durante la «inspección», los técnicos del Consejo de Europa se entrevistaron con autoridades regionales y jurídicas, políticos, periodistas, pedagogos, ONG y representantes lingüísticos.
Aunque el documento felicita al Estado español por la protección de las lenguas minoritarias, también advierte que, en general, la normalización de las diferentes lenguas no es satisfactoria en los ámbitos de los tribunales y la Administración periférica.
Igualmente, el informe dedica veinte páginas a la situación del catalán en las Islas. En este apartado, además de hacer las consideraciones antes mencionadas, los expertos indican que «el actual modelo educacional no alcanza el nivel necesario. En este sentido, los técnicos consideran que para alcanzar el nivel ideal de una lengua cooficial es necesaria «la oferta en Balears de una enseñanza esencialmente en catalán y no limitada a la mitad del currículum». Por otra parte, el trabajo advierte que el sistema judicial «no parece garantizar que los procesos judiciales sean igualmente conducidos en catalán que en castellano cuando un hablante lo requiere» y añade que el hecho de que haya «un número limitado de jueces capaces de hablar en catalán es un obstáculo para garantizar el derecho de los catalanoparlantes».