Los propietarios afectados por el derrumbe de sa Caixota mostraron ayer sus diferencias por primera vez en una reunión celebrada en la sala de plenos del Ayuntamiento de Sant Josep. La reunión se saldó con la división de los afectados en dos grupos. Por un lado, los propietarios de los terrenos de la zona alta de la ladera, en la que se incluyen los dos inmuebles arrastrados 20 metros montaña abajo, otras dos viviendas que salieron indemnes (una del futbolista Iván Helguera), más otros terrenos, se desmarcaron ayer del proyecto global impulsado por el abogado del bloque de apartamentos Vista Alegre, Josep Lluís Ríos, junto a las empresas JOLSA y NB-35, y anunciaron que actuarán de inmediato por su cuenta en las tareas de consolidación de sus terrenos dada la gravedad de la situación y el riesgo de un nuevo deslave.
El otro grupo lo integran los propietarios del bloque de apartamentos derruido y la del solar colindante , propiedad de la empresa Nordaker S.L., donde se proyecta la construcción de 24 adosados. Estos terrenos se encuentran en la parte baja de la montaña, en la zona más afectada por el corrimiento de tierra.
Ríos aseguró ayer al término de la reunión que es «una lástima» el cambio de criterio de algunos afectados porque, a su entender, debería existir «una unidad de acción». Esta nueva situación da un giro a la planificación prevista y al proyecto de retirada de escombros y ruinas que debía empezar de manera inminente la empresa Detecsa. «Hay que modificar el proyecto porque se pasará de actuar en tres hectáreas a hacerlo sólo en 10.000 metros cuadrados», indicó el letrado, que, no obstante, advirtió de que permanecerán «vigilantes» a las actuaciones que acometan este grupo de propietarios para evitar que pueda causarles un perjuicio.