Los empresarios de las Pitiüses se reunieron ayer por la tarde con el conseller balear d'Economia i Hisenda, Lluís Ramis d'Ayreflor, para conocer los efectos del impuestos aplicable sobre las casas de alquiler. La reunión, celebrada en el Consell Insular, fue secundada por el 90 por ciento del empresariado de las Pitiüses y acordaron crear una comisión con cuatro representantes para defender sus intereses, según comentó el presidente de las Pitiüses de la Asociación de Empresas de Vehículos de Alquiler de Balears (Aevab), Francisco Romero: «La comisión está pensada para debatir el futuro del impuesto y fijar las cantidades que se aplicarán a las casas de alquiler», apuntó Romero tras las reunión. Asimismo, señaló que esta comisión está formada por tres empresarios de Eivissa y uno de Formentera, con el objetivo de que cada una de las islas se sientan representadas.
En relación a la aplicación del impuesto para sufragar el déficit sanitario de Balears e ideado por el Govern balear, Romero destacó que los empresarios de las Pitiüses se muestran en contra de dicha tasa: «Para las pequeñas empresas de Eivissa y Formentera este nuevo impuesto nos repercutirá mucho, mientras que a las grandes multinacionales no les afectará en nada», indicó. Asimismo, aseguró que este impuesto no evitará en ningún caso la competencia desleal que existe en las islas, aunque sí puede regular las flotas de los vehículos de alquiler.
Con la creación de esta comisión, que también se creará en Palma y en Maó, los empresarios deberán mantener nuevas reuniones con Ramis d'Ayreflor para fijar las cantidades.
Lluís Ramis d Ayreflor se mostró convencido de alcanzar un acuerdo con el sector de vehículos de alquiler para aplicar el nuevo impuesto que gravará esta actividad, asegurando que «un tema de estas características debe ser consensuado por fases». Por otra parte, el conseller balear dijo estar «muy preocupado» por el impacto de este impuesto sobre los mercados emisores, insistiendo en la necesidad de enviar un «mensaje claro» y aclarar que no tiene finalidad recaudatoria, «sino que está pensada para regular al sector y no para gravar a los turistas».