El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, Juan Carlos Torres, da por cerrada la fase de instrucción del caso de la licencia concedida por el Ayuntamiento de Santa Eulària a un pariente del concejal de Urbanismo, Vicent Riera, para la construcción de un restaurante sobre las dunas de la playa de Cala Nova, y, al ver supuestamente indicios de delito, ha dado cuenta de ello a la Fiscalía para que, si procede, emita escrito de acusación.
Riera declaró en enero de este año en calidad de imputado por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente. Entonces el edil no quiso dar cuenta a la prensa del contenido de las dos horas de declaración. De todos modos, Riera, según pudo saber este periódico, reiteró que no hubo ninguna irregularidad en la concesión de la licencia. En julio de 2003 también declaró por este mismo asunto el alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasca, pero como testigo. Su letrado, José María Roig Vicha, sí dijo ese día al salir del Juzgado que «el Ayuntamiento no tuvo más remedio que conceder la licencia puesto que contaba con todos los informes a favor». Lo curioso del caso es que la controvertida licencia se informó y concedió en apenas unos días.
Roig Vich recalcó entonces que el restaurante se levantó sobre un terreno que, según el anterior planeamiento urbanístico, era «reserva urbana con toda la dotación de servicios». Amics de la Terra, que fue quien denunció los hechos ante la Fiscalía en 2001, y el Pacte lo ven de forma bien distinta. Coinciden en que el planeamiento anterior no incluía esta área como suelo urbano y, por tanto, en cumplimiento de la ley de Costas, el restaurante no se podía construir a una distancia inferior a 100 metros de la costa. Las normas subsidiarias provisionales aprobadas por el Consell hace un año sí califican ahora esta zona como suelo urbano.