E. RODRÍGUEZ /C. ALCÀNTARA
El presidente del Consell, Pere Palau, asume que el Ayuntamiento de
Sant Antoni no tiene más remedio que cumplir la sentencia que
obliga a derribar la mansión de Michel Cretú, en Santa Agnès,
aunque puntualiza que los servicios jurídicos deben estudiar la
posibilidad de presentar un recurso. «El Ayuntamiento tiene que
habilitar las medidas necesarias para hacer cumplir la sentencia»,
dijo Palau, que aseguró que es la propiedad del inmueble quien
tiene que echar abajo la mansión.
Sólo la demolición, apuntó el presidente, puede ocasionar «un coste muy importante», al margen de la posible petición de indemnizaciones por parte de la propiedad, que levantó la mansión al amparo de una licencia mal dada por el Consistorio en 1997, con el visto bueno de la Comisión Insular de Urbanismo, dependiente del Consell. Palau reconoció que el pago de indemnizaciones puede provocar «un coste muy importante para los ciudadanos», al tiempo que avanzó que «el Consell estará del lado del Ayuntamiento para solucionar los problemas».
Como no podía ser de otra manera, el presidente del Consell expresó «su respeto» por la sentencia del TSJ, aunque no quiso opinar sobre la interpretación que hace la instancia judicial superior de Balears de la amnistía aprobada por el Parlament balear en diciembre de 2003 en la ley de acompañamiento de los presupuestos. «Se puede compartir o no, pero no hago comentarios», dijo.
El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN), que fue quien denunció esta ilegalidad en los Juzgados, pidió ayer «el inmediato acatamiento de la sentencia», recordando la existencia de un informe municipal en el que «se responsabiliza al promotor de la ilegalidad cometida y descarta el pago de indemnizaciones».
Los ecologistas tachan de «lamentable» el espectáculo dado por los responsables políticos al «usar las instituciones para defender intereses privados en contra de la legalidad establecida para el resto de los ciudadanos». «Ha llegado la hora de acabar con el patético papel de bufones del Sr. Castillo y de cumplir con lo que ordena la justicia», subrayan.