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El juez ve indicios de delito en ca na Putxa tras poner fin a 16 años de instrucción

La Fiscalía tiene un plazo de 10 días para pedir el archivo o presentar escrito de acusación por un supuesto delito contra el medio ambiente

Durante los dos últimos años se han ejecutado las obras de reforma de ca na Putxa. El presidente del Consell, Pere Palau, dijo hace dos semanas que el vertedero ya cumple toda la normativa.

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Se da la circunstancia de que en junio de 2003 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia en contra del Reino de España por el funcionamiento ilegal de este vertedero. El tribunal europeo alertaba entonces del perjuicio que podía causar el uso de las instalaciones contra el medio ambiente y la salud de las personas. La sentencia hacía referencia al hecho de que las instalaciones, explotadas entonces por Herbusa, no contaba con sistemas de impermeabilización del terreno y la recogida de lixiviados.

El anterior gobierno del Pacte aprobó el Plan Director de Residuos y el proyecto de reforma y legalización de ca na Putxa, con una inversión de 60 millones de euros (10.000 millones de pesetas). El 8 de mayo de 2003 el Consell adjudicó las obras a una Unión Temporal de Empresas, entre las que figuran Herbusa, con un 40% de participación. El presidente del Consell, Pere Palau, convocó a la prensa en el vertedero hace apenas dos semanas para explicar que en menos de dos años el vertedero ha pasado de ser una instalación ilegal a cumplir todas las exigencias administrativas, especialmente el sellado del antiguo vertedero y la habilitación de dos nuevas celdas impermeabilizadas para el soterramiento de los residuos.

A lo largo de los 16 años de instrucción, el juez ha tomado declaración como imputados al propietario y al gerente de Herbusa, y ordenado una serie de pruebas periciales. El juez llegó a pedir incluso una fianza de 12 millones de euros (2.000 millones de pesetas) a Herbusa para garantizar la ejecución de las obras previstas de legalización de las instalaciones, aunque los antiguos propietarios del vertedero recurrieron y finalmente el juez la retiró.

Hábitat y Basuras criticó que el proyecto de reforma del vertedero se hizo de espaldas a los ciudadanos y que, desde un punto de vista técnico, no se hubiera previsto la descontaminación previa de los terrenos. Asimismo, la asociación ecologista insiste en que el vertedero incumple la normativa respecto a la distancia mínima de los núcleos de población. Las casas y urbanizaciones más próximas a ca na Putxa, según Hábitat y Basuras, se encuentran a una distancia que oscila entre los 105 y 1.330 metros, cuando «la legislación española impone una distancia mínima de 2.000 metros a contar del núcleo más próximo de población agrupada».

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