Herbusa ha recurrido el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, por el cual se cierra la fase de instrucción del caso del vertedero de ca na Putxa y, al ver indicios de delito, traslada el asunto a la Fiscalía y la acusación particular para que presenten escrito de acusación o pidan su archivo. Herbusa reconoce que la imputación por un posible delito contra el medio ambiente se dirige al presunto daño ocasionado a algún acuífero cercano al vertedero. El mes pasado, el Instituto Geológico y Minero de España emitió un informe en el que decía que, en contra de otro estudio del mismo organismo realizado en 1982, parte del suelo del vertedero podía ser permeable. En concreto, apunta Herbusa en su recurso, el último informe indica que, en el peor de los casos, «la permeabilidad de los materiales que se sitúan en el vertedero es media-baja, y que no se observan fracturas ni karstificación». «Existen, además, 80 metros de espesor en la zona más saturada hasta el nivel de agua, espesor importante que sirve de atenuante para posibles contaminantes», dice.
El informe hidrológico de 1982 apuntaba, en cambio, «la total impermeabilidad de los terrenos» sobre los que se emplaza el vertedero, con un espesor de 50 metros, por lo que no existe peligro de alteración negativa de la calidad del agua subterránea. Herbusa se basa en este informe para decir que «el vertedero se asienta sobre un terreno que siempre se ha pensado, hasta fechas recientes, que era absolutamente impermeable, porque así lo determinaron expertos del Instituto Geológico y Minero de España». Abunda en ello en sus conclusiones al repetir: «El vertedero se instaló en unos terrenos que según los técnicos competentes eran perfectamente impermeables. Si después resultó que no era así [algo que desconocemos y cuya relevancia no ha quedado realmente acreditada] es algo que no incumbe a Herbusa, sino a los técnicos que en su día hicieron los estudios correspondientes».
Ademas, Herbusa puntualiza, también en su descargo, que la obligación de impermeabilizar las instalaciones de un vertedero aparece por primera vez en la Directiva 1999/31 y que, por tanto, antes no era obligatorio.