El Consistorio suspendió la tramitación del expediente de responsabilidad patrimonial a la espera, según indicó el alcalde, de una resolución judicial firme. Tanto el Ayuntamiento como Cretu han recurrido ahora al Tribunal Supremo el último auto del Tribunal Superior de Justicia que ratifica la orden de demolición y la imposibilidad de que el inmueble se pueda legalizar al amparo de la disposición adicional 18 de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2004.
El alcalde explicó que cuando haya una sentencia firme se resolverá el expediente de responsabilidad patrimonial, y será, en ese momento, según dijo, cuando se comprobará si la obra ejecutada por Cretu se excedió del proyecto autorizado por el Ayuntamiento. Precisamente, ayer también declararon como imputados ante el juez del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Carlos Torres, los directores de la obra, los arquitectos José Torres y Xavier Planas; y hoy lo hará Michael Cretu. El primero fue el autor del proyecto y quien dirigió la obra, aunque al término de su declaración no quiso hacer declaraciones ni explicar si el proyecto ejecutado fue más allá de lo que marcaba la licencia municipal. Planas, en cambio, manifestó ante el juez que, aunque el proyecto fue redactado en su gabinete, no fue él quien lo tramitó, sino su socio y que desconocía el alcance del mismo. Según ha podido saber este periódico, Torres trató de justificar ante el juez el supuesto exceso de edificabilidad de la controvertida mansión, que, al parecer, se corresponde a una cámara vacía de 200 metros cuadrados aproximadamente situada debajo de la piscina, donde se realiza el tratamiento del agua.
El Consistorio dio el final de obra, pese a este incremento de obra, más allá de lo permitido, que ahora esgrime un informe jurídico encargado por el Consistorio para reducir el coste de las indemnizaciones. «No sé por qué se dio el final de obra, pero obviamente era conforme a los informes que avalaban que la construcción se ajustaba a la licencia. Así lo entendió el Ayuntamiento y también el Consell, que concedió la cédula de habitabilidad. Pero no sé si cierto o no, porque ni he ido ni soy técnico», indicó Sala.