La Plataforma Antiautopista acusó ayer al Govern balear de avalar ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJ) la ocupación de los terrenos de la finca de Pere Torres, Casetes, en Sant Jordi, con un acta «falsa». Antoni Planells, Malalt, aseguró ayer en rueda de prensa, en representación del propietario afectado y del colectivo antiautopistas, que no sólo se recurrirá el auto que ordena el levantamiento de la suspensión cautelarísima sino que, además, se presentará una denuncia por falsedad documental.
Antoni Planells explicó que el acta previa de ocupación presentada por el abogado de la comunidad autónoma en el TSJ es de fecha 27 de mayo y en ella se dice que los propietarios de la finca (Pere Torres tiene un 60 por ciento del terreno, mientras que el resto está a nombre de otros cuatro familiares) acudieron a la cita y levantaron acta notarial de que no había ningún representante del Ayuntamiento de Sant Josep, tal como exige la ley de expropiación forzosa. Sin embargo, Antoni Malalt indicó que los propietarios no acudieron a esa cita porque el Govern, por error seguramente, no les había citado previamente a través del BOIB de fecha 30 de abril, sino a la compañía Fiesta Hoteles, de la familia Matutes, que es propietaria de los terrenos que rodean a esta finca. «El 27 de mayo los propietarios no estuvieron allí porque no lo sabían. No les habían citado», señaló Antoni Malalt. El propietario, Pere Torres, confirmó luego a este periódico estos hechos.
Posteriormente, el Govern se vio forzado a realizar de nuevo la firma de las actas previas de ocupación de los terrenos afectados por la autovía del aeropuerto porque inicialmente se había citado a los propietarios en las dependencias del Ayuntamiento de Sant Josep y en la oficina de la Conselleria d'Obres Públiques, en lugar de hacerlo en las fincas expropiadas, tal como marca la ley. La segunda tanda de citaciones para la firma de las actas previas de ocupación sobre el terreno se publicó en el BOIB el 31 de mayo. Entonces se citó a Pere Torres para el 27 de junio a las 13,30 horas. Esta vez en el BOIB la finca número 58, la de Pere Torres, ya no figuraba a nombre de Fiesta Hoteles. El propietario sí estuvo presente ese día (el 27 de junio) en la finca acompañado por una notaria que levantó acta de que a las 14,05 horas (35 minutos después de la hora prevista) no se había personado ningún representante del Ayuntamiento de Sant Josep. El representante de la Conselleria d'Obres Públiques llegó media hora tarde, y, finalmente, el afectado se negó a firmar el acta alegando que no había representante alguno de la Corporación municipal. Es decir, todo lo que realmente sucedió el 27 de junio aparece ante el TSJ en un acta con fecha de un mes antes, según denuncia la Plataforma, que considera que el acta de 27 de mayo, la primera, «se elaboró en algún despacho, pero no en la finca de Pere Torres». Antoni Malalt denunció que ese documento, al que calificó también como «fantasma», no reúne las condiciones mínimas que exige la ley: «No es descriptiva y se limita a decir los metros que se ocuparán de la finca». «Se ha utilizado de manera barrio bajera un acta falsa o fantasma para ocupar la parcela de un propietario que ha tenido la desgracia de que su terreno se ubique dentro de las propiedades de Matutes», señaló.
De todos modos, el Tribunal Superior de Justicia de Balears reconoce en el auto por el cual se levantó el martes la suspensión de las obras en la finca de Pere Torres que la Conselleria d'Obres Públiques incurrió en algunas irregularidades, como «el error material en la hora y fecha del acta previa», que es, en definitiva, lo que ayer denunció la Plataforma. De todos modos, el TSJ entiende que estas irregularidades «no son de entidad suficiente como para afirmar la existencia de expropiación sin previo expediente, únicos supuestos en los que se podría mantener la suspensión de la ocupación».