El director insular del Estado en las Pitiüses, José Manuel Bar, recordó que es «la hora del diálogo y el sentido común», advirtiendo al Govern de que, aunque tenga «toda la fuerza legal» para llevar a cabo las autovías, «está creando un desgaste de la convivencia democrática que puede provocar heridas sociales difíciles de cicatrizar».
Bar convocó ayer por la tarde (18 horas) a la prensa en su despacho de la dirección insular del Estado para leer un comunicado, negándose acto seguido a responder a preguntas de la prensa, delegando en el responsable de comunicación de la Delegación del Gobierno en Palma. Ni siquiera quiso hacer ninguna valoración sobre las peticiones de dimisión que ayer sonaron más que nunca. Los antiautopistas que marcharon a pie ayer por la mañana desde las fincas de Can Malalt hasta la sede del Consell también hicieron una parada ante la sede del PSOE para pedir la dimisión de Bar. Por su parte, Esquerra Unida (EU) y el Partit Socialista de Mallorca también solicitaron ayer una vez en el Parlament más la dimisión del delegado del Gobierno, Ramon Socías.
Bar insistió, en la lectura del comunicado, que la actuación de las fuerzas de la Guardia Civil se produce «en cumplimiento de la legislación vigente», para acto seguido afirmar que los proyectos y las obras han creado «un clima de alarma social» que le preocupa de manera «extrema» porque supone «la alteración de la convivencia ciudadana».
Por su parte, la consellera insular de Carreteras, Stella Matutes, aseguró ayer en declaraciones a EFE que la Delegación del Gobierno debe actuar con firmeza y con un criterio claro a la hora de apoyar las obras de la autovía. Matutes consideró que el hecho de que la Delegación actúe sólo para permitir la entrada en unos terrenos, como los de Can Malalt, pero no en otros, como Ca na Palleva, lleva a que «los que están boicoteando las obras se envalentonen y acaben produciéndose situaciones lamentables como las de ayer».