GUILLERMO ROMANÍ
El alcalde de Formentera, Isidor Torres, informó ayer que se ha llegado a un preacuerdo con la casi totalidad de los propietarios de la unidad de actuación urbanística de la Savina que incluye los terrenos en que se construyó la Colonia Penitenciaria de Formentera conocida como es Campament. A grandes rasgos el preacuerdo, que ha sido firmado por todos los propietarios menos uno y que ahora rubricará el primer edil para posteriormente llevar el asunto al pleno municipal, supone un paso importante en la vía de conciliación de la preservación de un espacio de trágicas connotaciones históricas para Formentera pero de indiscutible valor patrimonial y cultural con los derechos urbanísticos de los propietarios de las parcelas en las que estuvo dicho campo de prisioneros. «El equipo de gobierno municipal y los propietarios mayoritarios -señaló Torres-, estamos de acuerdo en que dado que se trata de un terreno urbano a ambos lados de la pared que delimita el campo de prisioneros y que en uno de los lados, el más amplio, está declarado Bien de Interés Cultural, por haber sido un campamento de prisioneros tras la Guerra Civil, y para conciliar los intereses de ambas partes hemos llegado a un preacuerdo que facilitará que se conserve el campo y los propietarios puedan construir sin perder derechos edificatorios».
Tras pasar por pleno, se hará un informe por parte de los técnicos municipales, un estudio de detalle y otras actuaciones reglamentarias, dijo Torres, señalando que la base del preacuerdo estriba en que la edificabilidad de los solares en la que estuvo el campo de prisioneros se trasladará íntegramente al otro lado del muro que delimita el campo, un solar igualmente urbano en el que se sumarán los volúmenes de edificación de ambos terrenos. Ello comportará una modificación excepcional de las Normas Subsidiarias. La empresa que edificará en la parte oeste del muro se compromete a reconstruirlo en su totalidad así como la vieja casona en ruina que será convertida en centro de interpretación del campo de prisioneros, aunque en realidad es una edificación militar posterior en seis o siete años. El resto del solar, casi 8.000 metros cuadrados, se convertirá en una zona verde y se protegerán las soleras que quedan de los antiguos barracones y la acequia. El alcalde quiere hacer un concurso de ideas para la adecuación del espacio público. El acuerdo se mantendrá sin tener en cuenta la posible decisión judicial ya que parte de los propietarios recurrieron la declaración de BIC y aún no se ha dictado sentencia.