EUGENIO RODRÍGUEZ
El Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa ha dictado un auto por el que anuncia la incoación de diligencias por un supuesto delito de falsedad documental en la notificación de la orden de desahucio de las fincas de Ca na Palleva o en la tramitación del proceso expropiatorio. El juez ha ordenado a la Conselleria que le remita el expediente, según informó ayer a este periódico Josep Costa, abogado de la propiedad de Ca na Palleva.
Francisco Ramon, copropietario de Ca na Palleva, denunció recientemente en el Juzgado que la notificación de la orden de desahucio de las fincas hacía referencia a unas actas previas de ocupación, que, según dice, «no pueden existir». Así, el abogado de la familia Ramon entiende que «la supuesta falsedad documental radica en la notificación del desahucio al hacer referencia a actas previas inexistentes o, si éstas existen, en la expropiación».
La Conselleria d'Obres Públiques realizó una citación conjunta a los tres propietarios de Ca na Palleva, como si se tratara de una sola finca, para la realización del acta previa de ocuapción. La administración no tenía constancia, según cuenta la familia Ramon, que al menos un año antes, tras la muerte del padre, los tres hermanos dividieron el terreno en tres fincas distintas. Por ello, el día de la citación los hermanos informaron al representante de la administración de la nueva situación con la intención, según dicen, de que cada uno de los propietarios fuera convocado de manera correcta.
El abogado de la familia dice que la Conselleria no convocó más a los hermanos hasta la firma del acta de ocupación, por lo que, entiende, que nunca se pudo llegar a hacer las actas previas, que son el inventario de las características y los elementos de cada terreno expropiable a fin de determinar su valor real.
Por otra parte, los servicios técnicos de la Delegación del Gobierno y la Conselleria d'Obres Públiques se reunieron ayer por la mañana para acercar posturas sobre los trámites llevados a cabo para el derrumbe de las viviendas afectadas por la autovía del aeropuerto, especialmente las casas de Ca na Palleva. La Delegación del Gobierno afirma que fue una reunión técnica y que, por tanto, en ésta no se adoptó ninguna decisión. Fuentes de la Delegación del Gobierno insisten en que necesitan al menos una semana para preparar el dispositivo policial necesario para custodiar las máquinas, por lo que descarta que no se pueda llevar a cabo hasta la semana que viene.