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Once detenidos por impedir las obras en el camino de Can Malalt

La Delegación del Gobierno inicia una investigación sobre el arresto, que también afectó al diputado Miquel Ramon

Momento en el que la ex consellera Fanny Tur entra en el furgón de la Guadia Civil, en el que ya están sus compañeros.

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La Guardia Civil detuvo ayer por un delito de desobediencia a once personas que se oponían a la destrucción del único camino que lleva a Can Malalt. Uno de los arrestados fue el diputado autonómico Miquel Ramon, que no mostró su credencial de parlamentario y fue trasladado al cuartel de Sant Antoni junto a los demás, entre los que figuraban reconocidos miembros antiautopista, como Marcos Lluy y Toni Planells, Malalt, la ex consellera Fanny Tur, la integrante del GEN Neus Prats o la miembro de Esquerra Unida Marian Suárez. Las detenciones se produjeron poco antes de las diez de la mañana, cuando la empresa que construye la autovía al aeropuerto requirió la presencia de la Guardia Civil debido a la presencia de un grupo de activistas que impedía su trabajo. El primero en ser liberado, a media mañana, fue Miquel Ramon, que debido a su condición de diputado no puede ser detenido «salvo delito flagrante», tal y como figura en su credencial. «En ningún momento les informé de mi condición, no quise que me trataran de forma especial, pero en algún momento debió de haber alguna llamada para que me dejaran en libertad», explicó ayer Ramon, que asegura que el propio delegado del Gobierno en Balears, Ramon Socias, le llamó para disculparse. De hecho, Socias solicitó ayer mismo una investigación a la Guardia Civil para aclarar las circunstancias exactas en las que se produjeron los hechos. Pese a todo, fuentes de la delegación del Gobierno mantienen que legalmente se podía detener a Ramon, ya que consideran que no tiene inmunidad. «La única diferencia con una persona normal es que tendría que ser procesado en el Tribunal Superior de Justicia de Balears», insistieron las mismas fuentes, que añadieron que Socias también habló durante la mañana con el presidente del Parlament y con el portavoz del grupo parlamentario de EU.

En este caso, no se produjo petición de auxilio por parte de la Conselleria d'Obres Públiques, porque el terreno de delante de Can Malalt ya consta como expropiado y pertenece a la Comunitat Autònoma. Los diez detenidos restantes salieron en libertad al mediodía y algunos de ellos siguieron custodiando el camino de Can Malalt hasta bien entrada la tarde, junto a otras 60 personas que fueron convocadas a través de sms.

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