C. R.
Josep Planells Malalt ya no puede salir con su vehículo de la casa payesa de Can Malalt, casa a la que se está mudando porque la vivienda en la que vive actualmente, en las cercanías, está pendiente de ser destruida por las obras de la autovía. Ayer, la UTE que construye la carretera la valló dejando su coche apresado en el porche y con la amenaza de destruir el único camino por el que podía acceder hasta ahora. No fue ésta su única desgracia. Las máquinas también estuvieron a punto de destruir la cisterna, que data de 1916 y que está situada en el patio. A primera hora de la tarde, un camión se afanaba en vaciarla. «Me han dicho que intentarían conservarla, pero que sería más fácil si quitaba el agua», explicó ayer Malalt, que recalcó que el depósito en sí está fuera del terreno expropiado. A media tarde se producía una de las situaciones de más tensión. Uno de los encargados de la obra le daba a elegir. O le dejaban subir y excavar desde arriba, con lo que destruían el camino, o había posibilidad de que rompiesen la cisterna. «¡Eso es una amenaza!», gritaron varios de los antiautopistas allí reunidos. «Este hombre [el responsable de la obra] también me ha dicho que me hace un camino donde yo quiera, pero yo quiero que venga el Govern», añadió Malalt. Ahora sólo puede acceder a la casa a través de un pequeño agujero desde los viveros de su hermano, Antoni Malalt. «Estamos intentando hacer mudanza, porque nos tiran nuestra casa, y ahora ni siquiera podremos transportar las cosas en coche», se lamentó Josep, que asegura que él y su familia están «deshechos». «Esto es una represalia por mi hermano», dijo en referencia a Toni Malalt.
Uno de los abogados de la Plataforma Antiautopista presentó ayer un escrito ante el Juzgado nº 4, pidiendo que se respetase el camino a la casa de Can Malalt, propiedad de Josep Planells. En el mismo pide una paralización cautelar y denuncia un delito de coacciones. «El juez ha requerido con carácter de urgencia al Govern para que explique qué es lo que está haciendo allí y qué medidas se están tomando para asegurar el acceso», explicó ayer el abogado Josep Costa.