M.A.
Cerca de medio centenar de propietarios de las viviendas de Santa Margarita se reunieron ayer para estudiar qué postura adoptar ante la polémica surgida en torno a la ilegalidad del edificio que se ha levantado junto a Juan XXIII al que está previsto que se trasladen, según contempla el proyecto Eivissa Centre. Al principio de la reunión se vivieron momentos de tensión al comprobar los propietarios que se habían sumado a la cita el gerente de Itusa, Josep Marí Ribas 'Agustinet', y otra representante de la empresa mixta que promueve Eivissa Centre, Marina Llorente, que habían acudido con otra integrante de la empresa Brues S.A. Los vecinos, visiblemente molestos, reclamaron que se marcharan, pero antes de hacerlo Marí Ribas les manifestó su voluntad de solicitar al Ayuntamiento de Eivissa que convoque una reunión con todos los vecinos para darles explicaciones. En previsión de este encuentro, los propietarios decidieron que no acudirán entre tanto a las citas que el Consistorio está programando para los próximas días con grupos de cinco o seis vecinos cada uno, según detalló el abogado Joaquín Roig, que representa a la comunidad de propietarios de uno de los dos bloques afectados. Asimismo, Roig detalló que en este encuentro diez de los propietarios que asistieron le dieron su «conformidad en firme para iniciar los trámites esta semana con el fin de anular los contratos que han firmado con Itusa». El abogado aseguró que hay más gente interesada en hacerlo.
Por otra parte, los propietarios acordaron que presentarán alegaciones a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá realizar el proyecto Eivissa Centre para manifestar que están en contra del sistema de expropiación. También pedirán al Consell, que tiene ahora el documento, que les facilite los datos técnicos y económicos de la operación.