GUILLERMO ROMANÍ
El alcalde de Formentera, Isidor Torres, se reunió con los representantes de Formentera Club S.A., propietarios del solar en el que se quería construir el camping de es Ca Mari, para trasladar de forma oficial el interés del Gobierno por mantener una reunión tendente a que Madrid, a través del ministerio de Medio Ambiente, compre la finca para su preservación. «He transmitido a la propiedad de una manera oficial la voluntad de la Demarcación de Costas de entrar en contacto con la propiedad para manifestarle la voluntad de compra de la propiedad», dijo Torres para señalar que aunque la fecha no está fijada, «se celebrará antes de finales de este mes de julio». A la reunión asistirán la propiedad, la Demarcación de Costas, el Ayuntamiento y se prevé, también sin confirmar, que se desarrollará en la sede de la Dirección Insular de Eivissa.
Para Isidor Torres es sumamente positivo que «la propiedad está dispuesta a iniciar las conversaciones y desde Formentera valoramos de manera positiva que de forma oficial se dé traslado a la propiedad con una convocatoria del Estado para afrontar el asunto». El proyecto del camping de Formentera establece la construcción de 326 estructuras prefabricadas, capaces de albergar 978 plazas, además de unas instalaciones fijas para bar, restaurante y otros equipamientos propios. El terreno en cuestión se halla en la zona denominada Ca Marí, en la playa de Migjorn y la promotora dispone de 70.000 metros cuadrados en suelo rústico que se ve doblemente afectado por la Ley de Costas y la Ley de Espacios Naturales; además el PTI prohibe de forma tajante la posibilidad de construir campings en las islas.
El proyecto data de mitades de los años ochenta y pese a que el Ayuntamiento, haciéndose eco del sentir popular, rechazó su instalación, en 1987 el Govern balear calificó de interés social el proyecto. Cuando las obras se iniciaron, para las instalaciones fijas en la franja más cercana al mar, Costas las paralizó y paralizadas siguen desde entonces. La historia, además, comportó la inhabilitación por seis años del equipo de gobierno que denegó las obras.