El magistrado del Juzgado nº 3 tomó ayer declaración como testigos a tres arqueólogos de la empresa Posidònia que fueron contratados en su día por la constructora del segundo cinturón para hacer el seguimiento de los descubrimientos arqueológicos de las obras y que después denunciaron la destrucción de numerosos restos. Estas declaraciones forman parte de las diligencias previas que ha abierto el juez tras la denuncia penal que interpuso en diciembre el grupo ecologista GEN por la «destrucción sistemática de importantes elementos patrimoniales» en las obras del segundo cinturón de ronda «sin que estos bienes pudiesen ser debidamente estudiados y documentados y, en caso necesario, protegidos». En la denuncia, cuya ampliación se está preparando por parte de los ecologistas para que recoja todos los elementos patrimoniales destruidos, el GEN incluyó la desaparición de parte del BIC del camino de Puig d'en Valls, de una cisterna púnico-romana, de una necrópolis rural romana, de un tramo de 20 metros de acueducto romano, de un edificio de época púnica, de una sitja y de un yacimiento arqueológico en Can Cifre.
Los tres arqueólogos de la empresa, Josep Maria Garí, Ricard Marlasca y María José Escandell, explicaron ante el juez lo que sabían sobre la destrucción de estos elementos patrimoniales. Estos profesionales fueron contratados en su día por la empresa MAB, que, según dicen ellos mismos, les puso todo tipo de trabas para realizar su trabajo y acabó prescindiendo de sus servicios.
El GEN considera que el Consell, el Govern y la empresa adjudicataria podrían incurrir en delitos contra el patrimonio histórico, falsedad documental y prevaricación continuada. «Las ilegalidades por incumplimiento de la Ley de Patrimonio comenzaron el mismo día en que comenzaron las obras», recordó el GEN en un comunicado remarcando que durante el primer mes no se hizo ninguna supervisión arqueológica de los trabajos. Los ecologistas se han personado en este caso como acusación particular y consideran que el juez ha apreciado indicios de delito en el mismo.
El presidente del Consell, Pere Palau, se mostró ayer tranquilo tras conocer esta investigación. «Hay que dejar trabajar al juez; hasta la fecha se ha hablado mucho de delitos arqueológicos pero no hay ninguna sentencia que diga que el Consell no lo haya hecho bien».