El fiscal del caso, David León, había solicitado previamente la apertura de juicio oral en su escrito de acusación, en el que pidió dos años y medio de prisión para el primer edil y los demás concejales: José Torres Tomàs (actual primer teniente de alcalde del Consistorio), Vicent Marí Portas Serra, José Marí Prats, José Ribas Marí y Francisco Bonet. Se les acusa de un presunto delito de prevaricación al otorgar la licencia, que contaba con informes desfavorables. En su escrito, el fiscal también pidió doce años de inhabilitación para los ediles del Consistorio.
Durante la fase de instrucción del este caso los cinco concejales y el alcalde de Sant Josep fueron llamados a declarar como imputados, pese a que ellos decidieron no responder a las preguntas del magistrado alegando que no habían cometido ningún delito al otorgar la licencia.
El órgano competente para juzgar a los concejales y el alcalde será la Audiencia Provincial, que deberá fijar el juicio, pese a que éste se podría alargar todavía algunos meses si hubiese lugar a recursos.
La vía penal de este caso se abrió cuando el grupo ecologista GEN puso una denuncia ante la Fiscalía de Eivissa, ya que con anterioridad una sentencia de lo contencioso administrativo había declarado ilegal la licencia que habían concedido los concejales.
La oposición progresista ha pedido en varias ocasiones que se proceda a la demolición de esta casa de 300 metros cuadrados situada en la zona de Es Cubells, aunque el equipo de gobierno considera que quien debe derribarla es el propietario de la misma.