El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, ha acordado declarar la nulidad de las actuaciones que hiciera este mismo Juzgado dirigido por el juez suplente sobre la planta de hormigón de Sant Jordi y pedir nuevas pruebas para aclarar si existió delito en su instalación. Esta infraestructura, que debía suministrar hormigón para las obras de la autovía al aeropuerto, está situada en la calle Els Avets y contaba con permiso de la Comissió balear de Medi Ambient para ejercer como planta de fabricación de hormigón. No llegó a contar con licencia municipal, porque desde el Govern no se consideró necesaria al argumentar que formaba parte del proyecto de ampliación. Pese a ello, el Govern decidió finalmente colocar en ese lugar una planta de prefabricados de hormigón.
Ahora, el juez ha pedido tomar declaración a Javier Tébar Garau, que realizó un informe en el que se concluía que la planta no provocaba riesgos en la salud de las personas que sirvió a la fiscal para pedir el levantamiento de la medida cautelar que paralizó las obras de la planta. Además pedirá la práctica de una prueba pericial contradictoria con la anterior, para garantizar la imparcialidad. También se pedirá otra comprobación documental.
Por el momento, el magistrado considera que no se tiene que adoptar ninguna medida cautelar mientras no se conozcan los resultados de todas estas pruebas. La imputación o declaración de otras personas en esta causa dependerá también de ello.