MAITE ALVITE
Desde que se inauguró en 1992, el Govern balear ha tenido que dedicar más de veinte millones de euros a la depuradora de Eivissa, una inversión muy importante que ha caído en saco roto puesto que no se ha conseguido acabar con los problemas de malos olores y la planta ha quedado totalmente obsoleta. Hace más de tres años las instituciones llegaron al convencimiento de que la única solución a los problemas de la actual planta era construir una nueva pero no ha sido hasta ahora que se ha llegado a un acuerdo entre todas las partes para ubicar la instalación. Mientras, se han tenido que seguir haciendo inversiones en la planta actual. Según los datos facilitados por la Conselleria balear de Medi Ambient, desde 1999 hasta 2007 se habrá invertido en la estación depuradora e instalaciones anexas un total de 6.925.108 euros.
La mayor inversión, 4.713.623 euros, corresponde a esta legislatura. Esta cifra es un 113 por ciento superior a la que se realizó en el anterior mandato, en el que, detalló Medi Ambient, se dedicaron a la depuradora 2.211.485 euros. Hay que decir que de los más de cuatro millones programados para esta legislatura, la mayor parte tienen como destino la instalación del nuevo emisario terrestre, que se iniciará próximamente y cuya ejecución ha salido a concurso por un importe de 2.384.000 euros. Cerca de 600.000 euros irán a parar a la sustitución del colector principal de la depuradora y 781.315 euros serán para adquirir el solar de la nueva planta.
Entre las inversiones ejecutadas durante la legislatura pasada, cuando estaban al frente del Govern el Pacte de Progrés, está la desodorización de la fase de pretratamiento. Ésta fue una de las intervenciones que se realizó para acabar con los malos olores. En aquel entonces, Medi Ambient consideraba que no era necesario construir una nueva planta, medida, que aseguraba, saldría demasiado cara. Para justificar esta postura en 2002 dio a conocer el 'Estudi d'alternatives de millora del sanejament i depuració d'Eivissa' en el que se afirmaba que desde 1992 hasta 2002 la depuradora le había costado a las arcas autonómicas y europeas 20,07 millones de euros, 5,53 millones menos que si se hiciera una nueva, según ese documento.