La portavoz del Pacte, Pilar Costa, afirmó ayer que la corrupción «está instalada dentro de las filas del PP», que la practica «con total naturalidad» al amparar licencias irregulares con leyes posteriores o sin salir del pleno cuando se recalifican terrenos en los que tienen intereses los conselleres, «como ocurrió con el PTI». Costa hizo estas declaraciones cuando presentaba una de las mociones que se debatirán en el pleno del Consell, en la que pide que la máxima institución pitiusa se persone en todos los casos judiciales por corrupción, prevaricación, delitos contra la ordenación del territorio y del medio ambiente que hay abiertos en Eivissa, «todos pertenecientes al PP». Los progresistas quieren que quede claro «que el Consell no es cómplice de las corruptelas políticas y urbanísticas de determinados municipios» y añaden que es una buena oportunidad para demostrar «que están del lado de la legalidad». «Tenemos imputados con acusación del Ministerio Público a dos alcaldes, algo gravísimo», recordó Costa, que cree que el Pere Palau «cierra los ojos» ante la corrupción.
El Pacte también pedirá al Consell que revise todos los acuerdos que se hayan adoptado con el informe favorable de la dirección general de Ordenació del Territori del Govern, cuyo ex responsable está imputado en el caso Andratx. Entre estas normativas destacan especialmente el Pla Territorial Insular (PTI) y las NN SS de Santa Eulària. «En todas estas leyes el Consell tuvo el asesoramiento, cuando no la redacción, de la dirección general de Massot», explicó el conseller Miquel Ramon, que añadió que en ellas se incorporan las «teorizaciones de Massot para considerar urbanos determinados territorios que no han adquirido esta condición». El Pacte también quiere que la consellera d'Obres Públiques, Mabel Cabrer, dimita por «introducir a un presunto delincuente en la gestión del territorio».