CLAUDIA ROIG
La magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma, Carmen Frigola, ha acordado requerir al alcalde del Ayuntamiento de Sant Antoni, José Sala, para que proceda al derribo de la casa de Michel Cretu en «ineludible cumplimiento de la sentencia» en un plazo de 18 meses. El encargado de transmitir esta decisión es el secretario del Ayuntamiento, que en el próximo pleno municipal deberá leer las resoluciones judiciales que afectan a esta cuestión y «requerir en forma» al alcalde y a los miembros del Consistorio. El primer edil tendrá que remitir además, en un plazo de dos meses, una guía de todas las actuaciones que se tendrán que seguir para «el fiel y exacto cumplimiento de la sentencia».
En el auto, la juez advierte asimismo de que si después de los 18 meses se constata una actitud de obstrucción por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni, se podría actuar coercitivamente contra el alcalde o las personas responsables de las demoras, con la imposición de multas sobre su propio patrimonio. Además, se podría poner en conocimiento de los Juzgados este hecho por si fuera constitutivo de un delito de desobediencia a la autoridad. La juez también advierte de que el secretario deberá remitir el acta del pleno del Ayuntamiento en el que se realice el requerimiento porque de no hacerlo podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad. En el auto también se informa de que el Consistorio puede pedir auxilio al Juzgado para entrar en la casa.
El alcalde de Sant Antoni, José Sala, indicó que con este auto se les aclara una cuestión dudosa que es a partir de cuándo comienza a computar el plazo para ejecutar la demolición. De todas formas, anunció que el Consistorio interpondrá un recurso de aclaración «por el tono que utiliza la juez en el auto, porque parece que no hayamos hecho nada cuando se han dado ya muchos pasos». Sala recordó que se denegó la legalización y se ha intentado entrar en la casa. «Parece que intentemos obstruir la sentencia», dijo el alcalde, molesto porque considera que no corresponde que la juez haga determinados comentarios insinuando que son reacios al cumplimiento.Por otro lado el GEN, que está personado en la causa, considera que con este auto se pone de manifiesto «la evidente intención de dilatar el procedimiento de ejecución de la sentencia por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni y de la promotora de las obras, intención evidentemente detectada por la magistrada del caso». Los ecologistas esperan que ahora que el patrimonio amenazado por el incumplimiento de la sentencia ya no es el de las arcas públicas, sino el bolsillo del propio alcalde, este se vuelva «más sensible» a las resoluciones judiciales y proceda sin dilación al derribo.