El alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasch, y el primer teniente de alcalde, Vicent Riera, han solicitado poder efectuar el pago de la fianza millonaria que deben aportar en concepto de responsabilidad civil por el caso ses Torres a través de avales bancarios. El abogado de ambos, Rafael Perera, explicó ayer que están pendientes de que la jueza les comunique si pueden depositar estos avales en vez de pagar en efectivo. La magistrada determinó en el auto de apertura de juicio que ambos políticos, junto al aparejador municipal, el asesor jurídico, la ex arquitecta municipal y el promotor de la urbanización de ses Torres debían pagar un total de 500.000 euros en concepto de responsabilidad civil por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
Perera consideró que es lo mismo presentar un aval que aportar el dinero en billetes, algo que sus defendidos prefieren. En caso de que los acusados no aportaran la cantidad suficiente de dinero se les embargarían los bienes necesarios para asegurar que se restituirá la zona construida a su estado original. El abogado de Guasch y Riera presentó hace unas semanas un recurso en el que se oponía a la petición de fianza al sostener que la zona de ses Torres está calificada como urbana. Este recurso fue desestimado por la jueza, que mantiene la petición de fianza.
La fiscal del caso consideró en su día que los acusados llegaron a un acuerdo «conociendo que su actuación era contraria a las normas urbanísticas vigentes y con plena voluntad de incumplirlas» para que el promotor Germán Vázquez, representante legal de Lloma Talamanca, urbanizara unos terrenos de Jesús. Para poder llevar a cabo esta construcción se basaron en el Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU), que había sido declarado nulo de pleno derecho por la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Además de pedir una fianza de 500.000 euros al conjunto de acusados, la jueza solicitó la misma cantidad de la entidad mercantil Lloma Talamanca S. L. La fiscal pidió además una pena de inhabilitación especial por un tiempo de 8 años para los acusados y una multa de más de 120.000 euros para cada uno de ellos.
La acusación particular, ejercida por Esquerra Unida, pidió dos años de prisión para el alcalde, además de inhabilitación especial de diez años para empleo o cargo público. Lo mismo solicitaron para el resto de los funcionarios acusados.